El Tribunal Constitucional condenó a la Fiscalía del Distrito Nacional al pago de una sanción económica de 630,000 pesos por incumplir la entrega inmediata de bienes incautados. La cifra corresponde a una astreinte acumulada por 126 días de retraso, calculada a razón de 5,000 pesos diarios desde noviembre de 2025. Los magistrados determinaron que la institución ha mantenido una conducta reticente, ya que no presentó pruebas de cumplimiento ni defensa ante la notificación del proceso. El monto continuará incrementándose hasta que los objetos sean finalmente entregados a su propietario.
Detalles de la incautación y el arma retenida
Los bienes, que incluyen relojes, prendas, documentos personales y sumas de dinero en pesos y dólares, fueron ocupados durante un allanamiento en 2019 contra una red de lavado de activos. El afectado, Omar Domingo Montilla Silverio, no formaba parte de dicha investigación judicial. En una resolución paralela, el tribunal también ordenó a la Procuraduría General y a la Fiscalía devolver una pistola retenida desde 2017 tras una denuncia de violencia de género. La mayoría de los jueces concluyó que no existe un proceso penal abierto ni medidas de coerción que justifiquen la retención del arma.
La entrega de la pistola deberá gestionarse a través del Ministerio de Interior y Policía, entidad encargada de verificar si el ciudadano cumple con los requisitos legales para la licencia. La Procuraduría dispone de un plazo de un mes para realizar el traslado, bajo pena de una multa diaria de 1,000 pesos por cada día de demora. A pesar de la decisión mayoritaria, dos juezas emitieron votos disidentes al considerar necesario confirmar primero el estado del proceso de violencia intrafamiliar original. Este caso se suma a otros antecedentes recientes donde el Estado ha sido sancionado por retener pertenencias de ciudadanos sin sustento legal.
Fuente: Actualidad
