El Gobierno dominicano ha procedido a la derogación del decreto que protegía la producción nacional de arroz, cediendo ante las exigencias de la administración estadounidense. Mediante el Decreto 635-26, emitido el pasado 9 de septiembre, se dejó sin efecto la normativa anterior que limitaba las importaciones del cereal sin aranceles a una cuota específica de 23,300 toneladas. Esta medida responde a la presión de Washington para cumplir estrictamente con el calendario de liberalización establecido en el tratado DR-Cafta, el cual contempla la apertura total del mercado para enero de 2025.
Ajustes ante políticas comerciales de Washington
La relación comercial bilateral ha estado marcada por tensiones constantes durante el último año, incluyendo la imposición de aranceles del 10 % a productos dominicanos desde abril de 2025. A pesar de las gestiones diplomáticas encabezadas por el presidente Luis Abinader para solicitar exoneraciones, la Casa Blanca mantuvo restricciones que afectaron diversos sectores exportadores. Adicionalmente, el país enfrentó una tarifa arancelaria del 12.5 % impuesta por Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta falta de controles contra el trabajo forzoso en la cadena de suministro.
En respuesta a dichas sanciones, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 502-26 para implementar mecanismos de bloqueo a mercancías vinculadas al trabajo forzoso, aunque la operatividad técnica de esta norma sigue pendiente de definición por parte del Ministerio de Trabajo. Mientras el Gobierno busca actualmente negociar un acuerdo de tarifas recíprocas para mejorar las condiciones de sus exportaciones, también enfrenta advertencias diplomáticas sobre el uso de tecnología de empresas chinas. Las autoridades dominicanas continúan en un proceso de ajuste normativo para alinear sus políticas internas con las demandas comerciales de su principal socio económico.
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