El Tribunal Constitucional ratificó una sentencia que obliga al Estado dominicano a desembolsar más de 520 millones de pesos a favor de la empresa Hacienda Fondeur. Esta decisión pone fin a un largo litigio judicial derivado de la expropiación de terrenos ubicados en la provincia de Samaná, los cuales fueron declarados de utilidad pública en el año 2001. La alta corte rechazó el recurso de revisión interpuesto por Bienes Nacionales al considerar que no se demostró una vulneración de derechos fundamentales en el proceso previo.
Origen del conflicto y tasación
La disputa legal se remonta al decreto 598-01, mediante el cual se dispuso la ocupación de la parcela 3574 para fines de asentamiento campesino. Con el paso de los años, la empresa propietaria reclamó el pago correspondiente por los terrenos, argumentando que la zona poseía un uso forestal distinto al proyectado. Tras años de trámites, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió parcialmente la demanda en mayo de 2025, fijando el pago de 515.4 millones de pesos por la superficie afectada, sumado a otros cinco millones por concepto de daños y perjuicios.
Decisión final del Tribunal Constitucional
El fallo definitivo fue emitido el pasado 1 de octubre de 2026, dejando firme la condena contra las instituciones estatales involucradas, incluyendo al Instituto Agrario Dominicano. Durante el proceso, el Estado intentó revertir la sentencia a través de recursos de casación presentados por la Procuraduría General Administrativa y Bienes Nacionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se abstuvo de realizar nuevos cálculos sobre el valor de los terrenos, limitándose a confirmar la validez de la indemnización establecida previamente por los tribunales administrativos.
Fuente: Actualidad
