El Poder Ejecutivo oficializó la implementación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial destinado a los servicios públicos del país. La medida fue formalizada a través del decreto 787-26, estableciendo un marco regulatorio para la adopción de tecnologías emergentes en la administración estatal. Con esta disposición, el Estado busca posicionarse como un referente regional en el manejo responsable de herramientas digitales avanzadas.
Alcance y objetivos de la normativa
La nueva reglamentación enfatiza la necesidad de que el despliegue de la inteligencia artificial sea inclusivo, transparente y seguro para toda la ciudadanía. El diseño de este instrumento fue el resultado de un proceso participativo que involucró a diversos sectores de la sociedad dominicana. De esta manera, se pretende garantizar que la modernización tecnológica del sector público se realice bajo estándares éticos estrictos.
Las autoridades han destacado que este paso es fundamental para integrar la innovación en la gestión gubernamental de forma controlada. La normativa busca equilibrar el avance técnico con la protección de los derechos fundamentales de los usuarios de servicios públicos. Se espera que la aplicación de estas directrices fortalezca la confianza de la población en los sistemas digitales implementados por el Estado.
Fuente: n.com.do
