El reciente incremento en el costo del marbete vehicular ha generado una fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición en el país. La medida, que eleva los precios entre 500 y 1,000 pesos, fue defendida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien sostiene que el ajuste está amparado en la Ley 30-26 aprobada recientemente por el Congreso Nacional. El legislador cuestionó la postura de los sectores opositores, argumentando que estos participaron en la discusión y aprobación de dicha normativa.
Discrepancias sobre el marco legal
A pesar de las declaraciones del senador De los Santos, un análisis del contenido de la Ley 30-26 revela que ninguno de sus 62 artículos establece explícitamente modificaciones en las tarifas del impuesto de circulación. Si bien la normativa menciona la regulación del marbete en sus considerandos, no existe una disposición directa que ordene el aumento aplicado. Por su parte, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) justificó la medida como un mecanismo necesario para fortalecer los ingresos públicos bajo los objetivos de la citada ley.
Nuevas tarifas y plazos de pago
Con la entrada en vigor de los nuevos precios, los vehículos fabricados hasta el año 2021 deberán pagar 2,000 pesos, mientras que las unidades producidas desde 2022 en adelante tendrán un costo de 4,000 pesos. Estos montos representan un ajuste significativo frente a las tarifas anteriores, que se mantenían en 1,500 y 3,000 pesos respectivamente. El proceso de renovación inició este jueves 29 de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027, periodo en el cual el Gobierno espera recaudar unos 4,700 millones de pesos.
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