La Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración han procedido a retirar 56,140 controles migratorios que permanecían activos en sus sistemas sin el debido respaldo judicial. Esta medida busca corregir una acumulación de registros históricos que datan desde 1990 hasta el año 2026, los cuales afectaban injustificadamente el libre tránsito de los ciudadanos. La acción responde a una depuración necesaria de una base de datos que contenía expedientes cuyos fines procesales ya habían sido cumplidos hace tiempo.
Cumplimiento de mandatos judiciales
El proceso de limpieza fue solicitado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso al director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, con el objetivo de priorizar la eliminación de registros sin base legal, datos históricos mal identificados y procesos concluidos. La mesa técnica conjunta encargada de la revisión detectó múltiples errores administrativos y órdenes judiciales que carecían de una individualización adecuada. Durante años, miles de ciudadanos enfrentaron restricciones de salida del país impuestas por órganos de persecución sin contar con una orden emitida por un juez competente.
Esta regularización se alinea con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, que mediante la sentencia TC/0338/22 determinó que ninguna autoridad puede limitar la libertad de circulación sin fundamento legal. Posteriormente, en noviembre de 2025, el alto tribunal reafirmó este criterio al declarar inconstitucional una disposición del Código Tributario que permitía impedir la salida de personas investigadas por fraude fiscal sin decisión judicial. Aunque la procuradora Miriam Germán Brito había anunciado medidas similares en 2021, no fue sino hasta ahora que se concretó la eliminación masiva de estos controles migratorios obsoletos.
Fuente: Actualidad
