El funcionamiento del sistema de justicia en la República Dominicana no se considera un factor determinante para atraer o ahuyentar la inversión extranjera, pero sí genera desequilibrios significativos para el sector empresarial local. Según un estudio conjunto de la Escuela Nacional de la Judicatura y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el desempeño judicial afecta de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas. Mientras que las grandes corporaciones logran absorber los procesos legales, los negocios de menor escala y aquellos ubicados en el interior del país enfrentan mayores dificultades operativas.
Costos y competitividad empresarial
La investigación, que recopila testimonios de diversos profesionales del derecho, indica que los costos asociados a los litigios representan una carga financiera más pesada para las pymes que para las grandes compañías. A pesar de esta disparidad, el sistema es percibido como relativamente neutral para la mayoría de los negocios en el día a día. Los expertos consultados coinciden en que es poco frecuente que los empresarios decidan retirar o postergar sus inversiones basándose exclusivamente en la eficiencia del sistema judicial dominicano.
Al analizar las decisiones de inversión frente a otros mercados de la región, los consultados señalaron que existen factores con mayor peso que la administración de justicia. Elementos como los costos energéticos y las condiciones del mercado laboral resultan ser prioridades más críticas al momento de definir el destino de los capitales. Por lo tanto, aunque el sistema judicial no actúa como una ventaja competitiva, tampoco se posiciona como el principal obstáculo para el desarrollo económico del país.
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