El Poder Ejecutivo ha solicitado formalmente al Congreso Nacional la suspensión temporal de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, vigente desde agosto de 2024. Esta normativa limita el crecimiento del gasto primario a la inflación proyectada más tres puntos porcentuales, un tope que, según denuncias de la oposición, ya habría sido superado desde el mes de julio. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió la medida ante los legisladores argumentando que la regla requiere flexibilidad para enfrentar el impacto de la crisis internacional en la economía local.
Impacto en el déficit y proyecciones presupuestarias
La propuesta busca elevar el déficit previsto para 2026 hasta alcanzar el 4.2 % del Producto Interno Bruto, lo que representa unos 365,968 millones de pesos. Esta modificación presupuestaria contempla un incremento de 54,100 millones de pesos en gastos, mientras se proyecta una reducción de 31,293 millones en los ingresos estimados anteriormente. El Gobierno justifica estas presiones financieras por el costo de los subsidios a combustibles, electricidad, transporte y fertilizantes, los cuales suman más de 145,550 millones de pesos.
Cuestionamientos de la oposición legislativa
Representantes de la Fuerza del Pueblo han expresado su rechazo a la iniciativa, señalando que el Ejecutivo pretende evadir las restricciones legales que él mismo promovió hace apenas dos años. El secretario económico de dicha organización, Haivanjoe Ng Cortiñas, estima que el gasto primario ha crecido un 13.3 %, excediendo el límite nominal establecido. Aunque la ley permite suspensiones temporales bajo condiciones de desastres o recesión económica, el Gobierno proyecta un crecimiento del 4.5 % para 2026, lo que genera dudas sobre la justificación técnica de la solicitud ante la comisión especial de la Cámara de Diputados.
Fuente: Portada


