El Poder Ejecutivo ha solicitado formalmente al Congreso Nacional la suspensión temporal de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, argumentando la necesidad de flexibilizar el control del gasto público ante el actual panorama económico internacional. Esta normativa, que limita el crecimiento del gasto primario a la inflación proyectada más tres puntos porcentuales, se vería interrumpida hasta el 31 de diciembre de este año. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió la medida ante los diputados, señalando que el Estado requiere capacidad de maniobra para mitigar los efectos de la crisis sobre la población dominicana.
Cifras del déficit y críticas opositoras
La propuesta legislativa contempla un incremento en el déficit proyectado, elevándolo del 3.24 % al 4.2 % del Producto Interno Bruto, lo que representa unos 365,968 millones de pesos. Sectores de la oposición, encabezados por el secretario económico de la Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas, han denunciado que los límites legales fueron superados desde el mes de julio. Según sus cálculos, el gasto primario habría crecido un 13.3 %, excediendo el tope nominal establecido originalmente en la ley promulgada en agosto de 2024.
El Gobierno justifica las presiones presupuestarias mediante el peso de los subsidios, que alcanzan los 145,550 millones de pesos destinados a combustibles, electricidad, transporte y fertilizantes. Aunque el Ejecutivo sostiene que gran parte del financiamiento adicional provendrá de disponibilidades de ejercicios anteriores, la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre la legalidad de la suspensión. La comisión especial de la Cámara de Diputados ya ha recomendado la aprobación de la modificación, a pesar de la presentación de un informe disidente por parte de los legisladores opositores.
Fuente: Portada


