El presidente Luis Abinader promulgó el Decreto 787-26, el cual establece un marco regulatorio estricto para el uso de inteligencia artificial dentro de la Administración Pública dominicana. La normativa prohíbe explícitamente el empleo de algoritmos para la clasificación social de ciudadanos, la manipulación de opiniones políticas y la identificación de posibles delincuentes basada en condiciones socioeconómicas. Estas medidas buscan proteger los derechos fundamentales y garantizar que el uso de tecnologías avanzadas no vulnere la presunción de inocencia ni el debido proceso en el país.
Limitaciones técnicas y derechos ciudadanos
La nueva disposición restringe severamente la identificación biométrica masiva en espacios públicos y veta el uso de sistemas automatizados para dictar sentencias penales o medidas de coerción sin intervención humana. Asimismo, el decreto garantiza que los ciudadanos tengan el derecho de conocer cuándo una decisión administrativa ha sido apoyada por inteligencia artificial. Las instituciones públicas estarán obligadas a explicar los factores de dichas decisiones y permitir procedimientos para solicitar revisiones humanas o correcciones de errores. Cualquier herramienta considerada de alto impacto deberá someterse a una evaluación ética previa antes de entrar en funcionamiento.
Para asegurar el cumplimiento de estas normas, se ha creado el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, organismo que será copresidido por la Digeig y la Ogtic. Esta entidad contará con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, la academia y el ámbito empresarial para supervisar la implementación de las tecnologías. Las instituciones del Estado deberán mantener un registro público de transparencia sobre los sistemas utilizados y asegurar que todos los contratos de adquisición tecnológica incluyan cláusulas estrictas de protección de datos, trazabilidad y seguridad.
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