El Estado dominicano ha presentado un balance de las medidas ejecutadas para enfrentar la trata de personas, tras la reciente publicación del informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El documento internacional mantiene al país en el Nivel 2, reconociendo un incremento en los esfuerzos gubernamentales, aunque advierte que aún no se alcanzan los estándares mínimos para la erradicación total de este delito. Entre los cambios legislativos más relevantes destaca la modificación de la Ley 137-03, la cual suprime el requisito de probar coacción o fraude en casos donde las víctimas sean menores de edad.
Acciones legales y persecución penal
Durante el año 2024, las autoridades iniciaron 229 investigaciones relacionadas con la trata, logrando procesar a 50 sospechosos bajo la normativa especial. Un punto crítico señalado por el Gobierno es la investigación de ocho funcionarios por presunta complicidad, de los cuales tres ya enfrentan procesos judiciales. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores vulnerables como la construcción y la agricultura, resultando en la suspensión de 11 empresas por indicios de trabajo forzoso y la formalización laboral de más de 7,400 trabajadores.
En cuanto a la protección de las víctimas, el Estado identificó a 136 personas afectadas, brindando asistencia integral a 134 de ellas a través de refugios especializados coordinados por diversas instituciones. No obstante, el informe estadounidense subraya que persisten deficiencias significativas en la persecución de la trata laboral. Según el reporte, los recursos se han concentrado mayoritariamente en combatir la explotación sexual urbana, dejando un vacío en la detección de trabajo forzoso en zonas rurales, donde la identificación de víctimas sigue siendo insuficiente.
Fuente: Actualidad
