Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló una discrepancia de 1,292.2 millones de pesos en los activos fijos del Sistema 9-1-1. Mientras la ejecución presupuestaria reportó gastos por 1,668 millones de pesos en bienes, el sistema de registro institucional solo documentó adiciones por 375.9 millones. Esta diferencia implica que apenas una cuarta parte de los recursos destinados a la adquisición de activos cuenta con el respaldo documental adecuado en el sistema de bienes.
Hallazgos en inventarios y almacenes
Durante la inspección física, los auditores detectaron condiciones precarias en el almacén de Villa Altagracia, donde equipos en estado de oxidación y desarmados compartían espacio con artículos nuevos. La revisión de una muestra de 669 bienes arrojó que 59 carecían de etiquetas o códigos oficiales, mientras que 13 de los 73 vehículos evaluados no presentaban la rotulación correspondiente. Ante estos señalamientos, la institución justificó que las unidades sin identificación son empleadas en labores de inteligencia y seguridad pública.
El informe también expuso deficiencias en la gestión de materiales y suministros, donde se hallaron diferencias de 1.5 millones de pesos entre los auxiliares y los reportes enviados a Contabilidad Gubernamental. Aunque el 9-1-1 atribuyó el problema a una clasificación errónea de activos fijos, los auditores confirmaron que el inconveniente era más extenso de lo admitido inicialmente. Actualmente, la entidad asegura estar trabajando en los reparos necesarios y en la contratación de personal para fortalecer sus procesos contables y la elaboración de estados financieros.
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