La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial otorgó contratos que superan los 133.2 millones de pesos a tres servidores públicos durante el año 2024. Esta acción contraviene el régimen de prohibiciones establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado. La Contraloría General de la República detectó la irregularidad tras una auditoría, señalando que los beneficiarios mantenían vínculos laborales con instituciones estatales al momento de las adjudicaciones. Aunque el organismo fiscalizador mantiene el hallazgo en su informe final, no se han especificado medidas correctivas concretas ni consecuencias legales aplicadas hasta la fecha.

Detalles de las obras y beneficiarios

Los contratos abarcaron proyectos de infraestructura deportiva, funeraria y de conservación histórica en diversas provincias del país. La obra de mayor valor, por 68.6 millones de pesos, fue la reconstrucción del campo de béisbol Villa Cerro en Higüey, adjudicada a una empresa cuya accionista principal figura como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se destinaron 28.9 millones para funerarias municipales en Moca y Monte Plata a un ingeniero que labora en el Ayuntamiento de Pedro Brand. Finalmente, la reparación del Parque Arqueológico La Isabela Histórica, por 35.6 millones, fue otorgada a un teniente de corbeta de la Armada de República Dominicana.

La institución responsable justificó las adjudicaciones alegando que validó el Registro de Proveedores del Estado y que no contaba con un oficial de cumplimiento para detectar la condición de empleados públicos de los contratistas. No obstante, la Contraloría rechazó estos argumentos, reiterando que tales circunstancias no eximen a la entidad de cumplir con la normativa vigente. La legislación dominicana prohíbe de manera categórica que funcionarios o empleados públicos obtengan beneficios económicos mediante contratos con el Estado. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva la nulidad de los acuerdos y posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales para los involucrados.

Fuente: Portada