Una comisión bicameral del Congreso Nacional analiza actualmente el proyecto de Ley Mirabal, una iniciativa que busca tipificar y sancionar severamente la violencia económica y patrimonial contra las mujeres. La propuesta legislativa establece penas de prisión que oscilan entre cinco y diez años para quienes utilicen el incumplimiento de obligaciones alimentarias como mecanismo de sometimiento o castigo. Además de la cárcel, los infractores enfrentarían multas económicas equivalentes a entre 10 y 20 salarios mínimos, buscando proteger la autonomía financiera de las víctimas frente a diversos tipos de abusos.
Sanciones por daños a bienes y recursos
El articulado detalla diversas conductas que serían consideradas delitos, incluyendo la retención, apropiación o desvío de salarios e ingresos sin consentimiento. Asimismo, se castigará el uso indebido de cuentas bancarias, tarjetas o datos personales para realizar transacciones no autorizadas o contraer deudas a nombre de la mujer. En el ámbito patrimonial, la ley sanciona la destrucción, sustracción u ocultamiento de bienes, documentos personales o herramientas de trabajo, así como la obstrucción mediante amenazas para impedir el uso de la vivienda o propiedades sobre las cuales la mujer posea derechos legítimos.
Agravantes y penas mayores
El texto legislativo contempla un endurecimiento de las sanciones cuando concurran circunstancias agravantes, como que la víctima sea menor de edad, esté embarazada o se utilicen armas para intimidarla. En casos donde las acciones provoquen lesiones o incapacidad permanente, las penas de prisión podrían elevarse de 10 a 20 años, acompañadas de multas de hasta 30 salarios mínimos. La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, ha solicitado a los legisladores agilizar el estudio de esta pieza en la comisión mixta para garantizar su aprobación y evitar que el proyecto perima por retrasos en el proceso parlamentario.
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