Un grupo de juristas dominicanos ha reiterado que las alertas migratorias carentes de una orden judicial son ilegales y vulneran el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Los abogados José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz recomiendan a los afectados acudir a la Procuraduría General para depositar certificaciones que demuestren la inexistencia de casos pendientes. En caso de haber enfrentado procesos judiciales previos, el ciudadano debe presentar las sentencias definitivas que confirmen el levantamiento de cualquier restricción o la conclusión favorable de su expediente.
Acciones de la Procuraduría y Migración
La Procuraduría General de la República informó recientemente que solicitó a la Dirección General de Migración eliminar todas las alertas que no cuenten con respaldo de un tribunal. Tras una auditoría de tres décadas de datos, las autoridades lograron retirar trabas migratorias a más de 56,000 personas cuyos registros carecían de base legal o correspondían a errores administrativos. Para verificar su estatus actual, los interesados pueden solicitar una certificación en la Dirección General de Migración, proceso que conlleva el pago de una tasa administrativa de 2,000 pesos.
Antecedentes y posturas institucionales
El debate sobre estas restricciones cobró relevancia tras el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien enfrentó impedimentos sin una orden judicial formal. En su momento, la exprocuradora Miriam Germán Brito reconoció que las alertas migratorias no están permitidas por la legislación nacional y abogó por su eliminación inmediata. A pesar de las sanciones económicas impuestas por tribunales en casos de falta de transparencia, persisten desafíos para que las instituciones entreguen la documentación que sustente las prohibiciones de salida del país.
Fuente: Actualidad
