El Ministerio Público investiga el caso del ingeniero Juan Francisco López Chapor, quien fue trasladado contra su voluntad a un centro de salud mental en un episodio marcado por versiones contradictorias. Según la Fiscalía, tres personas, incluyendo una vestida de enfermera, sacaron al empresario de su lugar de trabajo, lo sometieron y le aplicaron una inyección antes de internarlo. El abogado de la víctima, Héctor Quiñones, sostiene que el rapto ocurrió en el contexto de un proceso de divorcio y una disputa por bienes valorados en más de 60 millones de pesos. Evaluaciones posteriores del Inacif y el Colegio Médico Dominicano habrían descartado que el empresario padeciera una condición psiquiátrica que justificara tal medida.

Disputa sobre la intervención médica

La defensa de la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera rechaza las acusaciones de complicidad y asegura que la profesional llegó al centro horas después del ingreso. El abogado Jean Cristopher Pérez afirma que la doctora solo recomendó observación por 24 horas tras encontrar al paciente alterado, negando que ella ordenara el traslado forzoso o la medicación aplicada. Mientras la defensa médica alega que el paciente fue llevado por sus familiares, el abogado de López Chapor insiste en que la esposa se confabuló con la doctora bajo un diagnóstico falso de adicción a la pornografía. Las autoridades judiciales han solicitado medidas de coerción contra la psiquiatra por su presunta vinculación con actos de violencia intrafamiliar y tortura.

El conflicto también abarca discrepancias sobre el historial clínico y la permanencia del paciente en la institución. Quiñones asegura que la esposa ocultó el paradero del empresario a sus hermanos y que la psiquiatra se negó inicialmente a entregarlo a las autoridades. Por su parte, la representación de la doctora apela al secreto profesional al referirse a consultas previas y sostiene que el internamiento fue una medida breve de descanso. Actualmente, el Ministerio Público continúa con el proceso legal para esclarecer las responsabilidades penales en este caso que involucra intereses patrimoniales significativos.

Fuente: Actualidad