El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, emitió una advertencia sobre el incremento de los supuestos intercambios de disparos en el país. El jurista enfatizó que las estrategias para combatir la delincuencia no pueden servir como excusa para realizar ejecuciones fuera de la ley. Según el representante de la entidad, cualquier acción policial debe ajustarse estrictamente a lo que dictan la Constitución y el marco jurídico vigente.
Respeto a la vida y proporcionalidad
Castaños Guzmán recordó que el artículo 37 de la carta magna garantiza la protección del derecho a la vida, por lo que privar a un ciudadano de ella sin una justificación legítima constituye una violación grave. El experto señaló que los agentes del orden tienen la responsabilidad de realizar una evaluación objetiva del peligro antes de actuar. En su análisis, la fuerza letal solo debe emplearse ante una amenaza real e inminente, evitando el uso de la violencia cuando el riesgo ha cesado.
El directivo de Finjus también abogó por un respaldo institucional sólido para los agentes, siempre que este vaya acompañado de mecanismos de rendición de cuentas. Propuso que la modernización de la Policía Nacional se integre con políticas de prevención y una investigación eficiente de los delitos. Finalmente, reiteró que la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales deben caminar de la mano para fortalecer la confianza en las instituciones del Estado.
Fuente: Actualidad
