Un grupo de siete abogados penalistas, encabezado por Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez, ha denunciado una alarmante cifra de 117 muertes de ciudadanos a manos de agentes policiales desde el pasado mes de septiembre. Los juristas califican la postura del Ministerio Público como un silencio sepulcral ante estos hechos, los cuales son presentados oficialmente como intercambios de disparos o acciones legales. Según los profesionales del derecho, las solicitudes de diligencias presentadas ante la Procuraduría General de la República no han recibido respuesta alguna hasta la fecha.
Deficiencias en el sistema de justicia
Los abogados sostienen que la recurrencia de estas muertes refleja un fracaso estatal en la persecución penal y una falta de capacidad para procesar a los infractores mediante los canales judiciales correspondientes. Balcácer enfatiza que la solución a la inseguridad no debe ser la eliminación física de los sospechosos, sino el fortalecimiento de las investigaciones y la presentación de los responsables ante los tribunales. El jurista argumenta que la falta de fiscales suficientes y la escasez de tribunales en el Distrito Nacional impiden una respuesta efectiva frente a la criminalidad, generando una percepción de impunidad que afecta a toda la sociedad.
Riesgos de la política de seguridad
Durante su intervención, Balcácer advirtió que normalizar las ejecuciones extrajudiciales otorga una peligrosa licencia a la autoridad para actuar sin control, lo cual termina por erosionar el estado de derecho. El abogado señaló que la ineficiencia policial al atender las denuncias de las víctimas, sumada a la carencia de recursos y personal capacitado, agrava el problema de seguridad nacional. Finalmente, los juristas insistieron en que el Estado debe priorizar la inversión en mecanismos de prevención y supervisión, en lugar de recurrir a lo que denominan una limpieza humana que no resuelve la raíz de la delincuencia.
Fuente: Actualidad


