Un total de 60 bibliotecas municipales han desaparecido en el territorio nacional desde el año 2009, una tendencia que ha encendido las alarmas sobre el compromiso de los gobiernos locales con la cultura. Julio César Morel, encargado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, denunció que diversos ayuntamientos han optado por convertir estos espacios dedicados al saber en funerarias. Esta práctica contraviene directamente lo establecido en el artículo 33 de la Ley 502-08, la cual obliga a las autoridades municipales a destinar recursos para mantener y ampliar la infraestructura bibliotecaria en sus respectivas jurisdicciones.
Controversia en Azua por cambio de uso
El caso de la biblioteca El Prado, en la provincia de Azua, ilustra la tensión entre las autoridades y la comunidad. Mientras el alcalde Rafael Antonio Hidalgo Fernández argumentó que el espacio estaba inhabilitado desde antes de su gestión y que la comunidad apoyaba el cambio de uso del terreno, Morel sostuvo que los jóvenes locales se opusieron firmemente a la medida. El edil justificó su postura señalando que el auge de la tecnología permite a los estudiantes realizar sus tareas mediante dispositivos electrónicos, restando relevancia al uso físico de estos centros de lectura.
A pesar de las justificaciones presentadas por los funcionarios locales, la normativa vigente es clara al exigir que los ayuntamientos ejecuten la Política Nacional de Lectura y el Sistema Nacional de Bibliotecas. La ley no contempla excepciones por inhabilitación previa, por lo que el cierre y transformación de estos inmuebles sigue siendo un punto de conflicto legal. Hasta el momento, la Liga Municipal Dominicana no ha ofrecido declaraciones sobre esta problemática que afecta el acceso a la información en diversas comunidades del país.
Fuente: Actualidad
