Un grupo de siete abogados, liderado por el jurista Carlos Balcácer, presentó una instancia formal ante la Procuraduría General de la República solicitando una investigación inmediata sobre el fallecimiento de 47 jóvenes durante operativos policiales. Los hechos, registrados entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre, han sido catalogados por las autoridades como intercambios de disparos, una versión que los denunciantes cuestionan al señalar la ausencia de pesquisas independientes por parte del Ministerio Público. Los letrados exigen el análisis exhaustivo de autopsias, pruebas balísticas y grabaciones de cámaras corporales para determinar posibles responsabilidades penales.
Amenaza de querella contra el director policial
Durante una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, Balcácer advirtió que, de no obtener una respuesta satisfactoria, procederán a interponer una querella formal contra el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García. El abogado sostiene que el director de la Policía Nacional estaría induciendo a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) a cometer asesinatos bajo la denominada clave 29. Según el jurista, estas acciones podrían tipificarse como homicidio calificado o agravado, delitos que conllevan penas de hasta 40 años de prisión según el nuevo Código Penal.
Los abogados firmantes, entre los que figuran Cándido Simón y Manuel Sierra Pérez, enfatizaron que la eficacia contra la delincuencia no debe medirse en cadáveres, sino en la protección de la vida. Denunciaron que, en muchos de los casos, los operativos se realizan sin la presencia de fiscales, quienes posteriormente validarían las actas procesales de manera irregular. El grupo legal reiteró que ninguna sospecha delictiva justifica la ejecución arbitraria de ciudadanos y prometió presentar pruebas fílmicas adicionales para sustentar sus acusaciones ante las autoridades competentes.
Fuente: Actualidad
