La Policía Nacional reportó el fallecimiento de 20 personas en presuntos enfrentamientos con agentes durante los primeros días de octubre. Este registro ocurre tras un mes de septiembre que cerró con 55 decesos, marcando la cifra mensual más elevada del año para la institución. Según los informes preliminares, los fallecidos contaban con órdenes de captura vigentes por delitos como homicidio, robos a mano armada y despojo de motocicletas.
Cuestionamientos sobre protocolos y transparencia
Ante el incremento de estas muertes, la Procuraduría General de la República declinó proporcionar estadísticas o detalles sobre los protocolos aplicados en las intervenciones policiales. El Ministerio Público argumentó que la información solicitada está bajo reserva por tratarse de investigaciones penales en curso. Esta negativa impidió conocer si se realizan procedimientos estándar como autopsias, análisis balísticos o la preservación de las escenas donde ocurren los decesos.
Exigencia de investigaciones independientes
Un grupo de abogados, encabezado por Carlos Balcácer, solicitó formalmente una investigación independiente sobre 47 muertes ocurridas entre agosto y septiembre. Los juristas denunciaron que estas actuaciones policiales se han ejecutado sin una supervisión fiscal previa y amenazaron con someter al director de la Policía Nacional. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader ha instado a los ciudadanos con órdenes de arresto a entregarse voluntariamente para evitar ser buscados por las fuerzas del orden.
Fuente: Actualidad
