El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley número 87-26, una normativa diseñada para optimizar la eficiencia y transparencia del sistema judicial mediante el uso intensivo de herramientas tecnológicas. Esta reforma modifica diversos artículos de la Ley 339-22, estableciendo un marco legal actualizado que define conceptos clave como el expediente electrónico, el buzón judicial y la protección contra la falsificación digital. Con esta medida, el Estado busca agilizar los procesos legales y ofrecer un acceso más seguro a la justicia para todos los ciudadanos del país.
Prioridad digital y garantías presenciales
La nueva legislación establece que los trámites ante el Poder Judicial deberán realizarse preferiblemente a través de plataformas digitales. No obstante, la normativa garantiza que el entorno virtual no se convierta en una barrera, permitiendo que cualquier persona que carezca de medios técnicos, conectividad o capacitación pueda seguir realizando sus gestiones de manera presencial en las sedes judiciales. Además, se otorga plena validez jurídica a las sentencias y actos institucionales firmados electrónicamente por jueces y servidores judiciales, eliminando la necesidad de certificaciones adicionales.
Innovación en el trabajo de alguaciles
Uno de los puntos más destacados es la creación del sistema digital de georreferenciación ministerial, el cual será administrado por el Poder Judicial para apoyar las labores de los alguaciles. Esta herramienta registrará en tiempo real las coordenadas geoespaciales, la fecha y la hora exacta de cada diligencia procesal, asegurando mayor trazabilidad en las actuaciones de campo. Asimismo, la ley regula la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, estableciendo mecanismos de contingencia operativa ante situaciones de fuerza mayor o estados de excepción.
Fuente: Actualidad
