La Procuraduría General de la República ha anunciado que elevará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. La medida busca revertir la decisión de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual modificó las condenas originales de diez años impuestas a los implicados en la red criminal que alteraba antecedentes penales. El Ministerio Público sostiene que el tribunal de alzada realizó una interpretación inadecuada de la ley al variar las sentencias dictadas inicialmente por el Cuarto Tribunal Colegiado.
Detalles de las nuevas condenas
Tras la resolución de los jueces Daneira García Castillo, July Tamariz y Pedro Nolasco, varios de los sentenciados vieron reducidas sus penas de prisión a modalidades de arresto domiciliario y suspensión condicional. Por ejemplo, Luis Peña Cedeño fue condenado a dos años de reclusión domiciliaria, mientras que Pilar Yrenes Medina Trinidad y José Ramón Quezada Carmona recibieron cinco años, divididos entre arresto en casa y suspensión condicional. Asimismo, el tribunal dictó la absolución de Víctor Gilberto Mercedes Gómez, descargándolo de toda responsabilidad penal en este caso.
Antecedentes del proceso judicial
El entramado, desmantelado mediante la Operación Gavilán, se dedicaba a borrar registros de antecedentes penales de cientos de personas en la base de datos oficial. En el juicio de primera instancia, los jueces habían dictado sentencias unánimes contra los integrantes de la red, incluyendo multas de hasta cien salarios mínimos. Otros implicados, como Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux y Rubén Darío Morbán, también recibieron condenas previas bajo acuerdos homologados por el tribunal, los cuales incluían penas mixtas entre prisión domiciliaria y suspensión condicional.
Fuente: Actualidad
