El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que la institución ha enviado más de 15 expedientes con presuntas irregularidades al Ministerio Público durante su gestión. El funcionario destacó que, antes de su llegada al cargo, la entidad nunca había remitido casos a la justicia. Actualmente, varios de estos procesos se encuentran bajo investigación o en instancias judiciales para determinar las responsabilidades legales correspondientes. Pimentel subrayó que la nueva Ley 47-25 obliga a la institución a notificar cualquier indicio penal detectado en los procesos de compra estatal.
Gestión de expedientes y monitoreo preventivo
La Dirección General de Contrataciones Públicas ha eliminado el silencio administrativo al garantizar respuestas a todos los recursos, medidas cautelares y solicitudes de investigación recibidas. Pimentel contrastó este accionar con los más de 200 expedientes que encontró archivados al asumir la dirección, citando como ejemplo el caso del teatro Agua y Luz. Además, el sistema de monitoreo preventivo implementado por la entidad generó más de 30,000 alertas durante el año 2026. Estas notificaciones permiten a los analistas revisar pliegos de condiciones y decidir si corresponde suspender o cancelar procedimientos específicos.
La nueva normativa introduce un régimen de consecuencias que incluye sanciones administrativas y penales, superando un vacío legal de dos décadas sin mecanismos punitivos efectivos. Por su parte, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República complementa estas labores mediante auditorías internas especializadas. Cuando las auditorías detectan situaciones complejas, los expedientes son transferidos a dicha unidad para realizar pesquisas con criterios técnicos y científicos. Estas acciones buscan fortalecer la fiscalización y el control de los recursos públicos en todas las instituciones del Estado.
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