El Congreso Nacional ha permitido que venzan los plazos reglamentarios para dos iniciativas legislativas que buscaban interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García. Estas propuestas pretendían obtener explicaciones oficiales sobre la creciente cifra de ciudadanos fallecidos en supuestos intercambios de disparos, un fenómeno que ha cobrado la vida de al menos 116 personas entre septiembre y noviembre de 2026. Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha logrado esclarecer las circunstancias reales de estos decesos, manteniendo en la incertidumbre a la ciudadanía y a los sectores que exigen transparencia.
Iniciativas estancadas en ambas cámaras
En el Senado, una resolución presentada el 14 de octubre por el legislador Antonio Taveras Guzmán permanece sin ser discutida en la comisión correspondiente. El documento solicitaba conocer los criterios técnicos y operativos que rigen el uso de la fuerza letal, además de cuestionar los mecanismos de investigación independiente que validan las versiones policiales. Por otro lado, la Cámara de Diputados registró como vencida una propuesta impulsada por 34 legisladores de oposición que buscaba rendir cuentas sobre operativos arbitrarios. Esta iniciativa señalaba denuncias de disparos contra civiles desarmados, vehículos y negocios, así como actuaciones policiales en temas de contaminación sonora fuera de su competencia.
La falta de acción legislativa impide que los funcionarios expliquen las bases jurídicas de los procedimientos que terminan en muertes violentas. Mientras la comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja apenas tocó el tema en dos reuniones, la propuesta del Senado sigue sin recibir atención alguna. Los congresistas proponentes enfatizaban la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales ante las denuncias de abusos de autoridad. La inactividad parlamentaria deja sin respuesta las interrogantes sobre los protocolos institucionales y la falta de esclarecimiento judicial en los casos reportados durante el último trimestre.
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