La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores en Bonao ha condicionado la continuidad de la docencia a partir del próximo lunes 16 de noviembre a una disculpa pública por parte de la Policía Nacional. El gremio magisterial exige este desagravio tras los incidentes registrados durante una protesta frente a las oficinas de Edenorte, donde los docentes reclamaban por el alto costo de las facturas eléctricas. Según los manifestantes, los recibos de luz alcanzan montos mensuales de entre 45,000 y 60,000 pesos, lo que motivó la manifestación que terminó en enfrentamientos con lanzamiento de objetos y bombas.
Precedentes legales y jornada escolar
Esta amenaza de paralización indefinida se suma a la estrategia de los denominados Viernes de lucha, iniciada el pasado 6 de noviembre, mediante la cual los maestros despachan a los estudiantes a las 12:30 del mediodía. Esta medida reduce significativamente el tiempo de enseñanza, restando hasta cuatro horas semanales a los alumnos de la tanda vespertina y tres horas y media a los de jornada extendida. La interrupción constante de las actividades académicas genera preocupación sobre el cumplimiento del calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación.
La postura del sindicato enfrenta un obstáculo jurídico importante basado en la sentencia TC/0064/19 del Tribunal Constitucional. Dicho fallo, emitido en 2019, establece que las huelgas prolongadas e indiscriminadas en el sector público pueden vulnerar el derecho fundamental a la educación de niños y adolescentes. Aunque el tribunal reconoce el derecho a la protesta, determinó que la educación debe protegerse frente a paralizaciones que impidan el desarrollo normal de las clases, dejando abierta la posibilidad de sanciones coercitivas para quienes incumplan con la prestación de este servicio esencial.
Fuente: Actualidad
